¿Sabes cuáles son los derechos fundamentales? ¿Y conoces su importancia en el ordenamiento jurídico? Los derechos fundamentales son todos aquellos que se atribuyen a toda persona sin excepción. Además, se consideran inalienables, es decir, se adquieren desde nuestro nacimiento y no se pueden trasferir o intercambiar.
Entre los derechos fundamentales destacan los siguientes: el derecho a la vida, a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y familiar, y al honor, derecho a libertad de expresión, a la libertad ideológica y religiosa, a la libertad y a la seguridad, derecho a la libertad de circulación, etc.
Hoy desde Gómez Rodríguez abogados queremos hablar, concretamente, de la libertad como derecho fundamental, de los delitos más comunes que atentan contra la libertad de los seres humanos y de la pena que suponen cada uno de ellos.
Delitos más comunes contra la libertad de la persona:
Detención ilegal
Se considera delito el hecho de retener a una persona contra su voluntad, si no se han encontrado pruebas contundentes como para proceder con una detención o no lo ha manifestado así un juez.
No ha de existir violencia para que sea considerado delito, ya que el hecho de retenerlo/a se considera una vulneración de su derecho a la libertad y por lo tanto un delito penado con presión de 4 a 5 años. Suele llevarse a cabo por cargos superiores que se saltan el poder judicial y actúan sin ley haciéndose valer de sus cargos u oficios.
Este delito queda regulado en los artículos 163 y 168 del Código Penal.
Hay algunos casos concretos en los que la pena puede llegar a ser superior, concretamente de entre 15 y 20 años de prisión, si se dan alguna de las siguientes condiciones:
- Si la víctima es un menor o una persona con discapacidad
- Si además de la libertad se atenta contra la intimidad sexual de la víctima
- Si la detención se lleva a cabo por un particular con la intención de presentarlo ante las autoridades la pena es inferior, de tres a seis meses de multa.
- Se agrava si la detención la realiza un funcionario público, siendo de entre 8 y 12 años, en función de las condiciones del delito. Además, se impone también la inhabilitación del cargo que ostenta.
Secuestro
El secuestro es otro tipo de delito en el que se atenta contra la libertad de una persona. A diferencia de la detención ilegal en este caso suele ser con la intención de obtener una recompensa económica, pidiendo a familiares o amigos un rescate.
Esto queda regulado en el artículo 164 del Código Penal, en el que se establece que “el secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con la pena de presión de seis a diez años”.
Coacción
Este, a diferencia de los anteriores, no consiste en la detención o secuestro de una persona. Es decir, no se basa en un encierro como tal, sino en una acción que se lleva a cabo por medio de la violencia, y que supone la pérdida de ciertas libertades.
La coacción por lo tanto se produce cuando se impide a otra, por medio de violencia física o psicológica, realizar acciones concretas o por el contrario hacer algo que está totalmente en contra de su voluntad.
Este delito se regula en el artículo 172 del Código Penal, en el que se establece que, la persona que lleve a cabo esta acción “será castigada con la pena de presión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”.
Amenazas
Las amenazas son en parte similares a la coacción, ya que en este caso la violación de la libertad se produce por una violencia psicológica contra la víctima.
En función del tipo de amenazas y de su gravedad, la pena será mayor o menor, siendo lo estipulado por ley desde los 2 meses a los 6 años de cárcel.
Otro tipo de delitos contra la libertad
Además de los ya mencionados la ley también contempla otro tipo de delitos relacionados con la libertad, como por ejemplo el delito de torturas, el delito de lesiones, ya sea considerado de gravedad o leve, etc.
La pena de estos delitos dependerá del nivel de gravedad y de las consecuencias que rodeen el delito concreto.
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